DOPAJE (TAS) De acuerdo con la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas, las normas y sanciones antidopaje “están justificadas por un objetivo legítimo” y cualquier limitación relacionada con la libertad económica de los atletas “es inherente a la organización y el buen desarrollo del deporte de competición y su propia naturaleza”

Se impone ex concessis la carga de la prueba de establecer una infracción antidopaje en la UCI. El estándar de prueba aplicable (“satisfacción cómoda”) es  menor que el estándar penal (más allá de toda duda razonable) pero un estándar más alto que la norma civil (balanza de probabilidades). La aplicación de la norma a cualquier conjunto particular de hechos puede producir diferentes resultados dependiendo de esos hechos. Pero el estándar en sí mismo es uniforme, independientemente de los hechos y exige un ejercicio de juicio.

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Todo Tribunal que se enfrente a un conflicto de prueba pericial debe abordar la prueba con cuidado y autoconciencia de su propia falta de experiencia en el área bajo examen. No obstante, a pesar de estas salvedades, no puede abdicar de su papel adjudicativo. Un panel TAS deberá aplicar el estándar de prueba como un cuerpo de apelación para determinar si la evaluación del panel de expertos está sólidamente basada en hechos primarios, y si la apreciación consecuente del panel de expertos sobre la conclusión se deriva de esos hechos es igualmente sólida. Se tendrá necesariamente en cuenta, entre otras cosas, la impresión hecha en él por los peritos en términos de su posición, experiencia, y contundencia de su evidencia junto con la consistencia de esa evidencia con cualquier investigación publicada.

No se llama a un panel TAS para decidir si algún otro o mejor sistema longitudinal se podría crear. WADA ha aprobado el uso de ABP y este ha sido codificado en la normativa vigente de la UCI. Un panel TAS debe respetar y aplicar las reglas como son y no como podrían haber sido o podrían llegar a ser.

De acuerdo con la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas, las normas y sanciones antidopaje “están justificadas por un objetivo legítimo” y cualquier limitación relacionada con la libertad económica de los atletas “es inherente a la organización y el buen desarrollo del deporte de competición y su propia naturaleza”. El propósito es asegurar una sana rivalidad entre los atletas”. Si bien es cierto que las restricciones impuestas por las normas antidopaje y las sanciones “deben limitarse a lo necesario para garantizar el buen desarrollo del deporte de competición” y, por lo tanto, deben ser proporcionadas, el Deportista tiene que presentar pruebas para establecer que la conducta antidopaje -las normas y sanciones de dopaje en cuestión son desproporcionadas y, en consecuencia, constituyen una infracción del artículo 101 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea. 

Aunque las disposiciones relativas a la inhabilitación se hacen expresamente aplicables a infracciones consistentes en el uso de un método prohibido, no son fáciles de aplicar cuando la prueba de tal violación se encuentra por referencia a la ABP. Las disposiciones son orientadas a la situación en la que la violación es un hecho y no un proceso, más obviamente cuando la violación es la presencia de una sustancia prohibida. El artículo 289 de la UCI ADR prevé en su título la descalificación de resultados en pruebas durante las que se produce una infracción antidopaje. Aunque el texto amplía el título a abarcar las violaciones que ocurren “en relación con un evento” no es fácil en los casos de ABP identificar en relación con qué eventos ocurrió la infracción de dopaje del deportista. Por tanto, tal y como prevé el artículo 313 de la UCI ADR en su título de inhabilitación da lugar a competiciones posteriores a una infracción de las normas antidopaje, pero sólo es aplicable cuando el artículo 289 de la UCI ADR no lo es, este artículo se adapta más fácilmente a los casos de ABP.

Una alegación de que la manipulación de la sangre constituye un factor agravante y que una prohibición mínima de tres años debe imponerse al atleta no tiene fundamento en la UCI ADR que no diferencia entre varias formas de primera infracción o sugieren que la manipulación de la sangre atrae ratione materiae una sanción mayor que la presencia de una sustancia prohibida.

El artículo 326 de la UCI ADR prevé una fórmula para el cálculo de la multa con una condición que permite una reducción de hasta la mitad por la situación financiera de la licencia titular de que se trate. La reducción de la cifra así calculada está disponible bajo el mismo artículo donde la situación económica del Deportista lo justifique. Requiere un panel TAS para considerar los hechos particulares que se le presentan.

The burden of proof of establishing an anti-doping violation ex concessis is imposed on UCI. The applicable standard of proof (“comfortable satisfaction”) is a lower standard than the criminal standard (beyond reasonable doubt) but a higher standard than the civil standard (balance of probabilities). Application of the standard to any particular set of facts may produce different results depending on those facts. But the standard itself is uniform, irrespective of the facts. It demands an exercise of judgment.

Any Tribunal faced with a conflict of expert evidence must approach the evidence with care and self-awareness of its own lack of expertise in the area under examination. Nonetheless, notwithstanding these caveats, it cannot abdicate its adjudicative role. A CAS panel shall apply the standard of proof as an appellate body to determine whether the expert panel’s evaluation is soundly based in primary facts, and whether the expert panel’s consequent appreciation of the conclusion be derived from those facts is equally sound. It will necessarily take into account, inter alia, the impression made on it by the expert witnesses in terms of their standing, experience, and cogency of their evidence together with that evidence’ s consistency with any published research.

A CAS panel is not called to adjudicate on whether some other or better system of longitudinal profiling could be created. WADA has approved the use of ABP and this has been codified in the current UCI rules. A CAS panel must respect and apply the rules as they are and not as they might have been or might become.

According to the jurisprudence of the European Court of Justice, anti-doping rules and sanctions “are justified by a legitimate objective” and any related limitation to the athletes’ economic freedom “is inherent in the organisation and proper conduct of competitive sport and its very purpose is to ensure healthy rivalry between athletes”. While it is true that restrictions imposed by anti-doping rules and sanctions “must be limited to what is necessary to ensure the proper conduct of competitive sport” and, thus, must be proportionate, the Athlete has to adduce evidence to establish that the anti-doping rules and sanctions at issue are disproportionate and, as a consequence, to establish a violation of Article 101 of the Treaty on the Functioning of the European Union.

Although the provisions as to disqualification are expressly made applicable to violations consisting of use of a prohibited method, they are not easy to apply where the proof of such violation is to be found by reference to the ABP. The provisions are geared to the situation where the violation is an occurrence rather than a process, most obviously where the violation is the presence of a prohibited substance. Article 289 of the UCI ADR provides in its title for disqualification of results in events during which an anti-doping violation occurs. Even though the text enlarges the title to embrace violations occurring ‘‘in connection with an event’’ it is not easy in ABP cases to identify in connection with which events the Athlete’s doping violation occurred. Therefore, as Article 313 of the UCI ADR provides in its title for disqualification of results in competitions subsequent to anti-doping rule violation but is applicable only when article 289 of the UCI ADR is not, this article more easily fits ABP cases.

A submission that blood manipulation constitutes an aggravating factor and that a minimum three-year ban should be imposed upon the Athlete has no foundation in the UCI ADR which does not differentiate between various forms of first offence or suggest that blood manipulation attracts ratione materiae a higher sanction than the presence of a prohibited substance. 

Article 326 of the UCI ADR provides a formula for computation of the fine with a proviso allowing for a reduction of up to a half for the financial situation of the licence holder concerned. Reduction from the figure so calculated is available under the same article where the Athlete’s financial situation justifies it. It requires a CAS panel to consider the particular facts before it.

Para ver la decisión original presiona aquí TAS 2010 / A / 2235